- Porque así lo exige Europa. La Directiva 2018/851 obliga a que el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos lo asuman directamente los vecinos, es decir, quienes generan los residuos.
- No es una decisión del Ayuntamiento, ni una medida opcional. Es una obligación legal que afecta a todos los municipios de España.
- Algunos ayuntamientos no han subido la tasa ahora porque ya la tenían tan alta que cubría completamente el coste del servicio. Pero en casos como el nuestro, y como en la mayoría de municipios de España, la tasa estaba desactualizada y ha sido necesario ajustarla para cumplir la normativa y evitar sanciones.
- No aplicar esta medida puede suponer multas económicas importantes, que acabarían pagando todos los vecinos a través de los fondos públicos del Ayuntamiento.
- Esta medida viene impuesta desde Europa y aplicada por el Gobierno central. Los ayuntamientos están legalmente obligados a cumplirla, sin margen de decisión.
- Aun así, somos plenamente conscientes del esfuerzo que esto puede suponer para muchas familias. Por eso, se aplicarán bonificaciones en la tasa, como por ejemplo para familias numerosas u otras situaciones justificadas. Buscamos una aplicación justa y equilibrada.
- La nueva tasa comenzará a aplicarse a partir del 1 de agosto de 2026, la cual se aprobó en pleno en 2025.
- Desde el Ayuntamiento, asumimos esta obligación con responsabilidad, transparencia y el compromiso de mantener un servicio eficaz, sin que el coste recaiga de forma injusta sobre quienes más lo necesitan.
